martes, 15 de septiembre de 2026
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Aseguran siete inmuebles por despojo en la alcaldía Benito Juárez

Autoridades capitalinas intervinieron siete propiedades vinculadas a despojos, mientras avanza la investigación contra servidores públicos por irregularidades inmobiliarias.

Redacción Bitácora
Foto: excelsior.com.mx

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este sábado el aseguramiento de siete inmuebles ubicados en la alcaldía Benito Juárez, como parte de las investigaciones por el delito de despojo. Esta acción forma parte de un despliegue ministerial que busca esclarecer la situación jurídica de diversos predios en la demarcación, acumulando actualmente más de 50 mil carpetas de investigación abiertas por denuncias ciudadanas relacionadas con irregularidades en el sector inmobiliario.

De acuerdo con las autoridades, cuatro de los inmuebles asegurados se encuentran ya en proceso formal de restitución a favor de sus legítimos propietarios. El operativo contó con la participación de elementos de seguridad especializados que ejecutaron las órdenes judiciales correspondientes, buscando garantizar el resguardo de los bienes mientras se completan las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades legales.

En paralelo a las acciones de recuperación de predios, la institución judicial confirmó que mantiene abierta una investigación contra 14 servidores públicos. Estos funcionarios son señalados por su presunta participación o encubrimiento en procesos administrativos irregulares que facilitaron el despojo de los inmuebles. Los afectados, organizados en colectivos vecinales, han solicitado a las autoridades celeridad en los procesos judiciales para evitar que los bienes sean comercializados ilícitamente.

La problemática del despojo en la zona ha sido una constante en los reportes ciudadanos durante los últimos años, lo que ha derivado en un aumento significativo de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Las autoridades locales han indicado que se mantendrán las revisiones en el Registro Público de la Propiedad para detectar posibles alteraciones en escrituras y documentos oficiales que pudieran estar siendo utilizados para legitimar actos delictivos en contra de los propietarios originales.

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