Congreso recibe reforma sobre nacionalidad exclusiva para altos cargos públicos
La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, informó que el proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo federal será remitido a la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo, dio a conocer que se ha recibido formalmente la propuesta de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El proyecto tiene como objetivo establecer el requisito de contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y las gubernaturas de las entidades federativas del país.
De acuerdo con lo informado por la legisladora, la iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual dictamen. Este proceso legislativo busca modificar las normas actuales sobre los requisitos de elegibilidad para los cargos de elección popular de mayor jerarquía en la estructura política nacional.
La propuesta plantea que quienes aspiren a la Presidencia de la República o a las jefaturas de los gobiernos estatales deban poseer únicamente la nacionalidad mexicana, excluyendo la posibilidad de contar con una doble ciudadanía al momento de asumir el encargo. La iniciativa se alinea con la visión del Ejecutivo sobre la importancia de la soberanía en la representación institucional de los niveles de gobierno.
Una vez que el proyecto se encuentre en la Cámara de Diputados, las comisiones correspondientes deberán sesionar para examinar los alcances de la reforma. Se espera que el debate parlamentario se centre en la interpretación de los derechos ciudadanos y las salvaguardas que el Estado mexicano debe garantizar para los funcionarios públicos de alto nivel.
El seguimiento de esta propuesta será clave para definir los futuros procesos electorales en México. La Comisión Permanente ha señalado que el curso legislativo seguirá los protocolos parlamentarios establecidos para toda reforma constitucional, lo cual implica que, de aprobarse en ambas cámaras, deberá ser ratificada por la mayoría de las legislaturas estatales.


