Denuncian indefensión de víctima de violencia digital ante autoridades locales

Una menor de edad y su madre han denunciado ser víctimas de una severa campaña de violencia digital orquestada por el padre de la menor. Según lo expuesto por las afectadas, el agresor ha movilizado a grupos en redes sociales, conocidos como la machósfera, para difundir contenido sensible y hostigar a ambas, agravando el daño emocional y la vulneración de su privacidad en el entorno virtual.

El caso ha puesto en evidencia las deficiencias en la respuesta institucional ante este tipo de delitos. Al acudir a las instancias correspondientes del Ministerio Público, las víctimas reportaron que los agentes les manifestaron desconocer los protocolos específicos para la aplicación efectiva de la Ley Olimpia, la cual sanciona la violencia digital en México.

Esta falta de capacitación técnica y sensibilización por parte del personal de procuración de justicia impide que las denunciantes accedan a medidas de protección inmediatas. La situación se complica al tratarse de una red de acoso coordinada, donde el agresor utiliza plataformas digitales para evadir la responsabilidad legal, dejando a la menor en un estado de vulnerabilidad continua ante la opinión pública digital.

Organizaciones civiles han señalado que la omisión de las autoridades locales contraviene los esfuerzos nacionales por erradicar la violencia de género. Ante la inacción observada, se ha solicitado la intervención de instancias de mayor jerarquía dentro de la Fiscalía para que el caso sea atraído y se garantice el debido proceso, además de la protección integral de la menor conforme a los tratados internacionales ratificados por México.

Expertos en derecho digital insisten en que la Ley Olimpia es clara respecto a las responsabilidades de los servidores públicos al recibir este tipo de denuncias. La exigencia actual se centra en que la Fiscalía General de Justicia del estado realice una revisión urgente de los protocolos de atención para evitar que el desconocimiento normativo siga siendo una barrera para el acceso a la justicia.