El regreso a clases enfrenta la crisis de morosidad en pensiones alimenticias

A pocos días del inicio del ciclo escolar 2026, miles de mujeres en México enfrentan el desafío económico de la manutención infantil agravado por la falta de cumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. Este problema, que se intensifica durante los periodos de mayores gastos escolares, pone de relieve las dificultades burocráticas y legales que enfrentan las madres al intentar garantizar el bienestar de sus hijos mediante procesos judiciales que a menudo resultan exhaustivos y prolongados.

El sistema judicial y administrativo mexicano es señalado por colectivos feministas como un entorno que perpetúa la violencia económica contra las mujeres que deciden separarse. La gestión para obtener una sentencia de pensión alimenticia suele ser un camino tortuoso, marcado por la falta de celeridad en los juzgados familiares y la resistencia de los deudores a cumplir con sus obligaciones, incluso después de existir mandatos judiciales firmes.

Cuando la pensión es finalmente decretada, las complicaciones no cesan, ya que el seguimiento de los pagos suele recaer nuevamente en la carga administrativa de las madres. Muchas de ellas reportan que los mecanismos de cobro son insuficientes y que el aparato institucional carece de herramientas eficaces para sancionar la morosidad persistente, dejando a los menores en una situación de vulnerabilidad ante el incremento de los costos por concepto de inscripción, útiles y uniformes escolares.

Expertos en derecho familiar sugieren que el fortalecimiento de los registros estatales de deudores alimentarios es una medida necesaria para aumentar la presión social y legal sobre quienes incumplen. Asimismo, se ha propuesto desde diversos sectores que las dependencias gubernamentales colaboren de manera más estrecha para vincular los registros de morosos con trámites administrativos esenciales, dificultando que los deudores evadan su responsabilidad económica bajo la opacidad del sistema actual.