Gobierno mexicano analiza medidas contra adicciones digitales y aranceles comerciales
El Poder Ejecutivo impulsa una iniciativa para regular el uso de redes sociales en menores, mientras la SRE prepara negociaciones arancelarias con Canadá.
La administración federal ha puesto sobre la mesa una propuesta legislativa orientada a mitigar la adicción a dispositivos móviles y redes sociales entre menores de edad. La iniciativa, que busca ser discutida en el Congreso de la Unión durante el próximo periodo de sesiones, contempla lineamientos para que las plataformas digitales implementen controles parentales más estrictos y mecanismos de restricción de tiempo, bajo la premisa de proteger la salud mental de la población infantil y adolescente.
En paralelo, el panorama comercial con Canadá enfrenta una fase de incertidumbre tras el anuncio de posibles ajustes arancelarios. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado que el gobierno mexicano dispone de un margen de tiempo para establecer mesas de diálogo técnico antes de que cualquier medida restrictiva entre en vigor. El objetivo de la SRE es evitar afectaciones a las cadenas de suministro binacionales y proteger la competitividad de las industrias nacionales ante los nuevos requerimientos canadienses.
Por otro lado, el estatus legal de Ismael Zambada García continúa siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades mexicanas. Aunque el tema ha generado diversas interpretaciones en el ámbito público, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades y alcances de su situación jurídica, sin que hasta el momento se haya emitido una conclusión definitiva sobre el cierre de este expediente.
Estas tres vertientes marcan una agenda compleja para el Ejecutivo Federal en este mes de julio. Mientras las autoridades sanitarias y educativas trabajan en la estrategia para un uso responsable de la tecnología, el gabinete económico y diplomático prioriza la estabilidad comercial en Norteamérica, manteniendo la cautela sobre los procesos judiciales de alto perfil que permanecen en manos de la FGR.
