martes, 15 de septiembre de 2026
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Jueza dicta prisión preventiva a Fernando N por presunto contrabando

Una jueza del Poder Judicial determinó la medida cautelar de prisión preventiva contra Fernando “N”, exfuncionario de la Secretaría de Marina, vinculado a una red de tráfico de hidrocarburos.

Redacción Bitácora
Foto: excelsior.com.mx

Una jueza de control dictó este domingo 23 de agosto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Fernando “N”, quien se desempeñó como funcionario en la Secretaría de Marina (SEMAR). La resolución judicial se derivó de una investigación que señala al imputado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos en territorio nacional.

Durante la audiencia inicial celebrada en las instalaciones judiciales, el Ministerio Público de la Federación presentó los elementos de prueba que vinculan a Fernando “N” con actividades ilícitas relacionadas con la comercialización ilegal de combustible. Según la carpeta de investigación, el exservidor público habría aprovechado su posición para facilitar operaciones de trasiego de hidrocarburos fuera del marco legal establecido por las autoridades energéticas.

La impartidora de justicia determinó que el imputado deberá permanecer recluido en un centro penitenciario mientras se lleva a cabo el proceso legal correspondiente. Esta medida fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de garantizar la presencia del acusado durante el desarrollo de la etapa complementaria de la investigación, ante el riesgo de que pudiera evadir la acción de la justicia.

La defensa legal de Fernando “N” solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que la jueza determine su vinculación a proceso. Por lo tanto, será en los próximos días cuando se defina la situación jurídica definitiva del exfuncionario, tras la presentación de nuevos argumentos y pruebas por parte de sus representantes legales ante el tribunal federal.

Este caso forma parte de las acciones emprendidas por las instituciones de seguridad federal para combatir el robo y contrabando de combustibles, un delito que afecta las finanzas de PEMEX y la seguridad energética del país. La FGR continúa con las diligencias necesarias para identificar a otros posibles integrantes de la estructura criminal que operaba en diversas regiones del litoral mexicano.

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