Poderes del Estado impulsan ley general contra la impunidad en feminicidios

Este miércoles, el Senado de la República fue sede de un encuentro de alto nivel donde representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, acompañados por especialistas y organismos internacionales, analizaron la iniciativa para crear una Ley General contra el Feminicidio. El objetivo central de esta propuesta es homologar los criterios de investigación, la tipificación del delito y los protocolos de sanción en todas las entidades federativas, buscando erradicar las disparidades jurídicas que actualmente dificultan el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Durante la sesión, los ponentes destacaron la necesidad de contar con un marco legal uniforme que obligue a todas las fiscalías del país a aplicar estándares mínimos de debida diligencia. Los especialistas subrayaron que la falta de criterios armonizados ha generado, en los últimos años, vacíos legales que permiten la reclasificación de delitos, lo cual contribuye a la impunidad y al rezago en las sentencias condenatorias en el ámbito local y federal.

Representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidieron en que la coordinación institucional es fundamental para implementar esta reforma. Se planteó que la nueva ley no solo se enfoque en la sanción punitiva, sino también en el fortalecimiento de las capacidades técnicas y periciales de las fiscalías estatales, así como en la creación de mecanismos de protección más robustos para quienes denuncian violencia de género.

Por su parte, los organismos internacionales presentes en el recinto legislativo enfatizaron la importancia de integrar una perspectiva de derechos humanos y género en cada etapa del proceso judicial. La propuesta contempla, además, la creación de un sistema nacional de datos que permita un seguimiento puntual de los casos a nivel nacional, facilitando la detección de patrones delictivos y mejorando la respuesta del Estado ante la violencia extrema contra las mujeres.

El Poder Legislativo señaló que esta iniciativa se encuentra en fase de consulta y revisión, con miras a consolidar un dictamen que cuente con el respaldo necesario para su discusión en el pleno. Se espera que en las próximas semanas se lleven a cabo mesas de trabajo adicionales para integrar las observaciones de la sociedad civil y fortalecer los mecanismos de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.