Proceso de liquidación de cuatro partidos políticos permanece estancado en el INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un retraso significativo en los procesos de liquidación de cuatro partidos políticos que perdieron su registro oficial tras los últimos procesos electorales. A pesar de los plazos legales establecidos para concluir la fiscalización y el cierre de actividades, la dispersión de activos y la resolución de pasivos se mantienen en una fase de estancamiento que impide cerrar definitivamente la figura jurídica de dichas organizaciones.

Fuentes del organismo electoral han señalado que las dificultades administrativas han prolongado las diligencias, complicando la recuperación de recursos y el pago de obligaciones pendientes. El proceso de liquidación, que debe ser supervisado meticulosamente por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, requiere que los interventores designados realicen un inventario exhaustivo de los bienes muebles e inmuebles, así como de los adeudos fiscales y laborales contraídos por los partidos durante su existencia legal.

La complejidad técnica del cierre, sumada a la necesidad de garantizar que no existan irregularidades en el manejo de los recursos públicos recibidos, ha sido el argumento central para justificar la lentitud en la resolución de los expedientes. El personal encargado de la liquidación debe asegurarse de que todos los remanentes financieros sean devueltos a la Tesorería de la Federación, un paso indispensable antes de declarar la extinción total de las obligaciones políticas y económicas de los partidos involucrados.

Por su parte, los representantes de las áreas jurídicas del INE han indicado que se están redoblando esfuerzos para concluir las auditorías pendientes en los próximos meses. El objetivo es desahogar los procedimientos administrativos para evitar que los pasivos de los institutos políticos se conviertan en una carga administrativa prolongada para el propio órgano electoral, cumpliendo así con los mandatos de transparencia y rendición de cuentas que exige la ley electoral mexicana.