PVEM propone que el INEGI evalúe políticas públicas para la niñez

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta busca que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asuma funciones específicas de medición y evaluación sobre el impacto de las políticas públicas destinadas a la infancia en el país. Con este cambio legislativo, los legisladores pretenden estandarizar la recolección de datos sobre el bienestar infantil.

Actualmente, la medición de diversos indicadores sociales recae en distintas dependencias, lo que según el grupo parlamentario, genera una fragmentación en el análisis de resultados. La propuesta argumenta que el INEGI cuenta con la autonomía y la capacidad técnica necesaria para ofrecer un panorama objetivo sobre la situación que enfrentan los menores. De esta manera, el organismo autónomo se convertiría en el eje central para conocer el alcance real de los programas gubernamentales dirigidos a este sector de la población.

Dentro de la exposición de motivos, el equipo de comunicación de los senadores del PVEM señaló que la falta de datos unificados dificulta el diseño de estrategias gubernamentales efectivas. La iniciativa plantea que, al contar con métricas precisas y actualizadas bajo los estándares del INEGI, el Estado mexicano podrá identificar con mayor claridad las zonas y grupos vulnerables. Esto permitiría orientar los recursos públicos de manera más eficiente para cerrar las brechas de desigualdad existentes.

La propuesta legislativa también contempla la creación de mecanismos de coordinación entre el INEGI y la Secretaría de Salud, así como con la Secretaría de Educación Pública, para asegurar que la información sea integral. Los promoventes enfatizaron que el objetivo primordial es proteger el interés superior de la niñez mediante la transparencia estadística. La iniciativa ha sido turnada a las comisiones correspondientes del Senado de la República para su análisis, dictaminación y posterior discusión ante el pleno.

Este esfuerzo legislativo se alinea con las discusiones vigentes en el Congreso de la Unión sobre la importancia de la rendición de cuentas en los programas sociales. De aprobarse, el INEGI no solo recopilaría información, sino que emitiría recomendaciones basadas en evidencia para ajustar las acciones de gobierno. Se espera que en los próximos periodos de sesiones, los legisladores debatan sobre la viabilidad presupuestaria y técnica de otorgar estas nuevas atribuciones al instituto.