Red empresarial despoja de propiedades a adultos mayores en CDMX
Una presunta red utiliza litigios prolongados y tácticas de presión para apropiarse de locales comerciales pertenecientes a personas de la tercera edad en zonas céntricas.
Habitantes de distintas colonias en el corazón de la Ciudad de México han denunciado la existencia de una red empresarial dedicada al despojo de locales comerciales, afectando principalmente a adultos mayores. Mediante el uso de litigios interminables, la figura de prestanombres y diversas tácticas de impago, este grupo busca presionar a los propietarios originales para que abandonen sus inmuebles o acepten condiciones de venta desventajosas bajo coacción.
El modus operandi consiste en la generación de supuestos adeudos o la presentación de documentos legales cuestionables, lo que deriva en procesos judiciales extensos que agotan los recursos económicos y emocionales de las víctimas. Los afectados, muchos de los cuales han mantenido sus negocios familiares por décadas, señalan que la estrategia busca el desgaste sistemático para facilitar la transferencia de los predios a empresas pantalla que luego los incorporan al mercado inmobiliario de alta plusvalía.
Representantes de los vecinos afectados han solicitado la intervención de las autoridades capitalinas, incluyendo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que se investigue el origen de las empresas involucradas y la legalidad de los procedimientos judiciales iniciados. Hasta el momento, las denuncias se acumulan en diversas agencias del Ministerio Público, donde se espera que se dicten medidas cautelares para proteger el patrimonio de los adultos mayores frente al avance de estas prácticas.
Desde el ámbito legislativo, diversas propuestas buscan fortalecer la vigilancia sobre las operaciones inmobiliarias en zonas de alta demanda para prevenir el uso de prestanombres y la manipulación de litigios. Asimismo, se ha planteado la creación de una mesa de atención especializada para adultos mayores que enfrentan conflictos legales por la posesión de sus propiedades, garantizando así el acceso a una asesoría jurídica gratuita que equilibre la balanza frente a grupos empresariales con mayor capacidad de litigio.
El fenómeno ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad del sector inmobiliario comercial en la capital, donde la gentrificación y la presión por nuevos desarrollos han multiplicado los casos de despojo. Mientras las investigaciones avanzan, las organizaciones civiles han hecho un llamado a las autoridades para que se auditen los expedientes de compraventa en las zonas más afectadas, asegurando que no existan irregularidades en la cadena de propiedad.
