Sheinbaum marca distancia con Rocha Moya tras retorno a gubernatura en Sinaloa

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, marcó este lunes una clara distancia política respecto a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, tras cuestionar la pertinencia de su retorno a la titularidad del Ejecutivo estatal después de haber solicitado una licencia previa. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal calificó la decisión de Rocha Moya como una acción imprudente, subrayando que las condiciones actuales en la entidad requieren una gestión que priorice la estabilidad institucional por encima de las decisiones personales del mandatario.

La postura de la jefa del Ejecutivo federal se da en un momento crítico para la gobernabilidad de Sinaloa, entidad que ha enfrentado diversos desafíos en materia de seguridad pública en meses recientes. Sheinbaum descartó que exista una ruptura formal de comunicación con el mandatario estatal, aunque enfatizó que no se ha entablado un diálogo directo con él desde que se formalizó su reincorporación al cargo, dejando claro que la prioridad del Gobierno Federal es el cumplimiento de la ley y el respeto a los procesos legislativos locales.

En relación a la salida institucional al conflicto, la presidenta hizo un llamado a los integrantes del Congreso del Estado de Sinaloa para que actúen con responsabilidad democrática y procedan a la elección de un gobernador interino. Según la visión de la mandataria, este paso es fundamental para garantizar que la transición se realice bajo los cauces constitucionales, evitando cualquier vacío de poder que pudiera afectar la implementación de los programas de bienestar y las estrategias de seguridad coordinadas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Finalmente, el equipo de comunicación de la presidencia precisó que el Gobierno Federal mantendrá su disposición para trabajar con las autoridades sinaloenses, siempre que estas garanticen el orden público y la continuidad administrativa. La declaración de la presidenta busca evitar que la crisis política en el estado escale, instando a las fuerzas políticas locales a anteponer los intereses de la ciudadanía frente a las disputas por el control del Ejecutivo estatal.