Viven 308 menores con sus madres en penales de México

Actualmente, 308 niñas y niños residen junto a sus madres en diversos centros penitenciarios de México, según datos recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El organismo autónomo documentó que en al menos 66 cárceles estatales se presentan deficiencias estructurales y administrativas que afectan directamente a los menores y a las 306 mujeres que los tienen bajo su cuidado. Esta situación pone en evidencia los retos que enfrenta el sistema penitenciario nacional para garantizar condiciones de crianza dignas dentro de espacios diseñados para la reclusión de adultos.

El diagnóstico de la CNDH señala que la infraestructura en gran parte de los centros de readaptación social no está adaptada para el desarrollo infantil. En las visitas realizadas a los penales, se identificó la falta de servicios básicos de salud, alimentación adecuada y espacios destinados a la educación temprana. Estas carencias contravienen los protocolos de protección a la niñez, que exigen entornos seguros y libres de los riesgos inherentes a la vida carcelaria.

Ante el panorama, diversas organizaciones de la sociedad civil han urgido a las autoridades penitenciarias a implementar protocolos de atención especializada y a mejorar la coordinación con el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. La propuesta central es buscar alternativas a la reclusión para madres con hijos pequeños, mediante el uso de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, siempre que el delito lo permita y se salvaguarde el interés superior de la niñez.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha señalado que busca fortalecer la supervisión en los centros estatales para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes sobre derechos humanos. La institución trabaja en mecanismos para que los gobiernos estatales puedan gestionar de manera más eficiente los recursos destinados a las áreas materno-infantiles, buscando elevar los estándares de habitabilidad y servicios médicos dentro de las instalaciones penitenciarias actuales.

El desafío persiste en la transición hacia un modelo penitenciario que priorice la reinserción social sin vulnerar los derechos de los menores. Mientras el Congreso de la Unión analiza ajustes a la legislación en materia de justicia penal, la realidad en los 72 centros analizados por la CNDH sigue siendo un punto crítico de atención para los organismos defensores de derechos humanos en el país.